La política es la Libertad

Hoy en día el país atraviesa por una gravísima situación económica: escasez de alimentos, de medicinas, de bienes básicos, inflación, desempleo, incremento de la pobreza, deficientes servicios públicos, inseguridad, y un largo etcétera... Situación que no es sino la lógica consecuencia de la aplicación de un modelo económico que nos ha acompañado, no desde finales del siglo XX, sino desde por lo menos los años sesenta del mismo siglo, y que se ha venido acelerando. 

Un modelo que podemos definir de Estado interventor en la economía, restricciones a la competencia, prácticas proteccionistas (monopolios privados y estatales, concesiones), Estado-empresario, regulador, controlador de la economía, clientelar y asistencialista, y que para su funcionamiento y sostenimiento necesariamente requiere un gasto público elevado, altos impuestos, endeudamiento, inflación. Un modelo que inexorablemente tiende por naturaleza a mayor intervención, mayor control, a empeorar los resultados económicos, a la pérdida de bienestar, al totalitarismo y, si no se detiene a tiempo, a la tiranía. Es decir, es un modelo que aunque comienza confiscando las libertades económicas de los ciudadanos, siempre amparado y justificándose en su persecución del bien común, termina confiscando las libertades civiles también... termina confiscando la libertad, que es una sola.

En mi opinión, y no es sólo mía, lo natural, lo sano, lo correcto, debería ser un arreglo institucional en que, mientras el estamento político sea quien tenga el poder político, la sociedad civil, los ciudadanos, sea quien mantenga el poder económico. La relación sana es que el estamento político, las instituciones políticas, los organismos públicos, el gobierno, el parlamento, el poder judicial, el Estado, estén al servicio del ciudadano. No al revés. 

Lo sano es que el ciudadano sea quien tenga el poder económico, sea dueño de empresas, produzca, genere empleo y bienestar, y mediante sus impuestos sostenga al Estado, al gobierno, al estamento político. Es decir, el ciudadano sea el empleador que, a través de los impuestos, le pague sus buenos servicios a sus empleados, los servidores públicos, el estamento político. Entonces, el ciudadano mantiene el poder económico, y negociará, a través de las organizaciones políticas, como el parlamento, los impuestos que pagará a cambio de buenos servicios públicos. Y si los servidores públicos no hicieren bien el trabajo para el que el ciudadano los eligió, pues, a través de mecanismos predispuestos, debe tener el poder para removerlos y elegir a otros. 

Esto, opino, debe ser el principio del arreglo institucional correcto y sano para todos en la sociedad: los políticos manteniendo el poder político, pero sirviendo y dependiendo del ciudadano, quien es quien tiene el poder económico. Así se logra el balance necesario para que las cosas funcionen, y para que se preserve a largo plazo la libertad, y por ende la democracia. Si el estamento político, o el Estado, tuviera ambos, tanto el poder político (que por naturaleza ya tiene) como el económico, ¿con qué carta se sientan a negociar los ciudadanos? Con ninguna; y sin tener nada con qué negociar, lo más probable es que terminen siendo los ciudadanos servidores del Estado.

Esto es lo que ha venido ocurriendo en el país desde los años sesenta del siglo XX: un Estado que ha ido quitando el poder económico de las manos de sus naturales dueños y gerentes, la sociedad civil.

A manera de ilustración, y de una larga lista, sólo destaco tres hitos de nuestra historia político-económica: la estatización del Banco Central (1974), la consolidación de la estatización de la industria petrolera (1976) y la sustitución de importaciones por la misma época. 

En estos casos, justificándose en el bien común, el Estado (a través del gobierno central) dio tres pasos muy importantes en ese camino de quitar a la ciudadanía su natural, y sana, responsabilidad de tener el poder económico. ¿Y qué es lo más triste? que la sociedad civil se lo permitió... tal vez embelesados por la bonanza petrolera de aquellos años, no pudimos ver con claridad las consecuencias que muchos años después permitir ese paso traería, aunque para ser justos, hubo quienes sí lo advirtieron. O simplemente como dirían algunos teóricos, no abundaban ya entre nosotros, no estábamos ya muy imbuidos de las ideas de libertad, siendo caldo de cultivo, sustrato apropiado, mercado cautivo, para el avance del estatismo.

En el primer caso, el del Banco Central, con la modificación de su ley en 1974, el Estado (a través del gobierno) se apropia de la totalidad accionaria (recordemos que inició sólo teniendo un 30% de las acciones), y consolida su derecho a elegir a la junta directiva, derecho que ya preservaba desde inicio de los años sesenta. Considero evidente que estos cambios que se dan en el gobierno corporativo del Banco Central, alinean sus intereses a los del gobierno central, y no necesariamente a los del ciudadano, y fueron justificados en aras del bien común. Se lesiona así la autonomía que necesaria y convenientemente (a los ciudadanos) debe tener la autoridad monetaria, el ente emisor; que de por sí ya consiste en un monopolio de emisión, con las consecuencias que en el bienestar de la sociedad esto tiene, y que a su vez representa para el Estado gran tentación de apropiarse esa facultad.

En el segundo caso, el de la industria petrolera, con la estatización de 1976, el Estado termina de dar un paso que desde años antes ya venía gestándose: se apropia de la totalidad de la exploración, producción y comercialización del recurso natural; crea empresas para sustituir a aquellas privadas (nacionales y extranjeras) que manejaban el sector petrolero. Es decir, crea un monopolio estatal.

En el tercer caso, el de la sustitución de importaciones, el país, llevado de la mano del gobierno en alianza con intereses privados que se beneficiarían del nuevo arreglo institucional, emprendió la no-natural tarea de querer hacer todo nacional y domésticamente, es decir, en el país. Idea que por supuesto que tiene mucho "punch" mediático, y nos llega a la fibra de nuestro corazón patrio, pero que no lleva a mejores niveles de bienestar, beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría, atenta contra la competencia, la innovación, la creatividad y la calidad, encarece la vida, resta prosperidad, y lesiona la libertad al reducir las opciones que los ciudadanos tienen para elegir. Lo natural es especializarnos en aquellos rubros en los que tenemos ventajas comparativas, producirlos e intercambiarlos con el resto del mundo por aquellas cosas que necesitamos; y además esta labor debe ser descentralizada y privada, para que sea eficiente, decisiones libres y voluntarias de cada quien. Lo natural es ser interdependientes y no autárquicos.

Dados estos tres ejemplos no nos deberían sorprender los resultados: elevado gasto público, monetización del déficit fiscal (cubierto con impresión de dinero), acelerada inflación, pérdida de participación en el mercado petrolero, desvirtuación de la naturaleza de la empresa estatal petrolera, reducción de su capacidad productiva, caída en las reinversiones necesarias, clientelismo político, ineficiencia, pérdida de capacidad de maniobra y de adaptación a los cambios tecnológicos y de mercado, aumento de la vulnerabilidad del país ante la volatilidad del mercado petrolero, menos diversificación de nuestras industrias, desempleo, escasez, encarecimiento de la vida, pérdida de bienestar, menor variedad y calidad de bienes y servicios, y lesión de nuestra libertad de elegir, etc.

Luego que el Estado emprende la ruta de ser interventor y empresario, es difícil detenerlo. Y si nos creemos la hipótesis planteada más arriba, como sociedad iremos perdiendo las libertades económicas, aceleradamente, hasta perder incluso las libertades civiles y políticas.

Esta ruta podríamos esquematizarla de la siguiente manera:

• El Estado ve una supuesta "falla de mercado" (generalmente son fallas inducidas por el mismo Estado)
• En aras del bien público el Estado se ve, con su "mente maestra", llamado moralmente a intervenir y llevar a la sociedad a "mejores" niveles de bienestar.
• El Estado aplica la receta: controles de precios, restricciones a la competencia (monopolios y concesiones), y se hace empresario.
• Crece el tamaño del Estado y consecuentemente el gasto público.
• Pero esto hay que financiarlo: más impuestos, más deuda, más monetización del déficit (más inflación)
• Pero esto tiene consecuencias: escasez, inflación, desempleo, pobreza, delincuencia. servicios ineficientes. corrupción, conflictividad social, pérdida de libertad, tiranía.

Una vez que el Estado comienza, es difícil detenerlo... él, a fin de cuentas el estamento político, por sí solo tiene pocos incentivos para detenerse en ese avance, porque siempre podrá justificar su intervención: ve una "falla", interviene, contraría el sano principio de subsidiariedad, produce malos resultados... y en lugar de reconocer que el error estuvo en el primer control, decide controlar más; lo que se conoce como "la huida hacia adelante". Pretende resolver errores con más errores, y lógicamente no se resuelve el problema, más bien empeora.

Entonces se empiezan a ver programas del Estado para "resolver" los problemas de la sociedad, cada vez una lista más extensa: ¿escasez de alimentos? se crea un organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿encarecimiento de la vida? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿escasez de divisas? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿malos servicios públicos? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿No funcionan estas pretendidas "soluciones"? se crea ahora un súper-organismo, una súper-burocracia y unas medidas de súper-intervención y súper-control para ello... es decir, se crea el control del control anterior que no funcionó... Pero el detalle está en que lógicamente no iba a funcionar.

¿Y qué medidas o políticas sí funcionarían? pues aquellas alineadas a la Dignidad Humana y a su inmanente Libertad. Toda política pública debe estar alineada a la Dignidad Humana. La política, el sistema de gobierno (por ejemplo, la democracia), y el sistema económico, están para servir a la persona y su dignidad; no al revés: la persona sirviendo a la economía o a la política.

Y esto significa aplicar el principio de Subsidiariedad: "…como es ilícito quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar, para entregarlo a una comunidad, así también es injusto y al mismo tiempo de grave perjuicio y perturbación del orden social confiar a una sola sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores…" (S.S. Pío XI, Quadragesimo anno, 1931, Nº 54)

Vale la pena aclarar que hay dos dimensiones de este principio:

• La negativa: el Estado debe retrotraerse de aquellas actividades que el particular o el grupo intermedio hacen bien o simplemente le corresponde en virtud de su naturaleza, como por ejemplo que sean los padres los que decidan cómo y dónde educar a sus hijos. El Estado no debe absorber a los grupos intermedios. Por el contrario, debe dejarlos actuar.
• La positiva: el Estado está obligado no sólo legal sino también moralmente a actuar o intervenir en todos aquellos sectores, donde su presencia se hace necesaria, a través, por ejemplo, de las políticas públicas. Acá el Estado debe actuar subsidiariamente, que equivale a prestar "ayuda para la autoayuda" y no caer en el asistencialismo.

Cuando se invierte este principio de Subsidiariedad, y el Estado interviene en todo, y avanza coartando libertades, la sociedad civil va perdiendo poder económico, en un entorno que incentiva la búsqueda y captura de rentas (rent-seeking), pues los ciudadanos y las empresas ven que, dado que el Estado es quien maneja la economía, controla todo, regula, interviene y tiende a ser el único empleador, la ruta a la prosperidad está en alinearse a los intereses del Estado o en la captura de algún privilegio, prebenda, concesión o monopolio otorgado por el Estado. Es decir, la ruta a la prosperidad no está en el trabajo y esfuerzo diario, en servir a otro y hacerlo bien, en competir por la preferencia del ciudadano, en la innovación y asunción de riesgos, sino en ser "socio" del Estado. Un socio que mientras le sea conveniente, te respetará. 

Entonces, a largo plazo, lo que inició siendo una "inocente" intervención del Estado en aras del bien común, termina siendo la conculcación de los derechos fundamentales de la persona.

La intervención del Estado nunca resolverá de fondo los problemas. El problema de fondo se resuelve con respeto a la Dignidad y a la Libertad de la persona, Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y personal, libre empresa y responsable empresa, disciplina fiscal, libertad y estabilidad monetaria y de reglas que promuevan el emprendimiento y la inversión; que es lo que a la larga genera oportunidades de empleos de calidad y sustentables. Ningún régimen de control ha resuelto, ni resolverá, el problema de fondo; sólo agravará la situación de pobreza y escasez, reducirá el bienestar del ciudadano de a pie.

Como sociedad es importante reflexionar sobre estos temas: exigir libertades tanto económicas como civiles, no procurar depender del Estado, sino exigirle que nos permita asumir responsablemente nuestra libertad: las consecuencias tanto positivas como negativas de nuestras decisiones. En la medida en que tomemos conciencia de estos temas, y los exijamos, los gobernantes limitarán más sus acciones y las alinearán a los intereses de la sociedad.

Entonces, ¿qué medidas o políticas sí funcionarían?: ¿escasez de alimentos? libertad de empresa y de elección... ¿encarecimiento de la vida? libertad de empresa, de elección, monetaria, libertad del mercado laboral... ¿escasez de divisas? libertad monetaria... ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿malos servicios públicos? libertad de empresa y de elección... La medida a aplicar, la política, es la Libertad.