Caritas in veritate: la economía y el desarrollo humano integral

Rafael J. Ávila D. | 22-X-2024

Link a la Revista SIC: https://revistasic.org/caritas-in-veritate-le-economia-y-el-desarrollo-humano-integral/

En junio de 2024, en el día en que se celebra la Festividad de San Pedro y San Pablo, pilares fundamentales de la Iglesia católica, se cumplieron quince años de la publicación de la carta encíclica Caritas in veritate, escrita por el Papa Benedicto XVI en 2009. En esta encíclica, de las llamadas “sociales”, y que forma parte del cuerpo de la Doctrina Social de la Iglesia, junto a, por nombrar algunas, Rerum novarum, Populorum progressio, Solicitudo rei socialis, Centesimus annus, Laudato si´, Fratelli tutti, se abordan temas sociales y económicos desde una perspectiva cristiana católica.

Considerada como continuación y desarrollo del pensamiento social católico, la Caritas in veritate ofrece orientación sobre la economía y el desarrollo humano integral. Pero, como ocurre con cada encíclica social, para comprender los aspectos económicos de esta encíclica es necesario situarla en su contexto histórico y comprender su relevancia para la Iglesia católica y para la sociedad contemporánea.

La Caritas in veritate es publicada en plena crisis subprime [1], situación que fue de magnitudes no vistas desde La Gran Depresión de la década de los años 30 del siglo XX, y cuyos efectos negativos económicos se propagaron a los países desarrollados, con la consecuente pérdida del poder adquisitivo, aumento en las tasas de desempleo y pobreza, y destrucción de capital; una crisis, que a la distancia puede estudiarse y verse que fue sembrada por las políticas monetarias expansivas de los bancos centrales, exacerbada por la actuación –en algunos casos– irresponsable de políticas regulatorias y bancarias laxas, y que luego, al tratar de evitar los temidos estragos de la consecuente inflación, implementando los bancos centrales políticas monetarias restrictivas, se causa el estallido de las “burbujas” que se habían desarrollado en sectores como el inmobiliario y el mercado de capitales, iniciando el contagio a otros sectores y países, con los terribles efectos conocidos y ya mencionados.

En este contexto se publica la Caritas in veritate, reflejo de la natural preocupación del obispo de Roma, vicario de Cristo en la Tierra, cabeza de la Iglesia católica, Benedicto XVI, por las cosas que estaban sucediendo. Dirigida, como toda encíclica social de los sumos pontífices recientes, a todos los hombres de buena voluntad, la Caritas in veritate contiene el aporte de Benedicto XVI en materia social y, en particular, en el contexto de un mundo demandando mayor regulación al “capitalismo desalmado y desenfrenado”, con un estamento político ávido de regular e intervenir más, queriendo muchas veces “ver hacia otro lado” para no asumir su cuota de responsabilidad en tal crisis: muchas veces como sociedad recurrimos para que venga en nuestro rescate, al mismo que generó la crisis. Esto es parte de “la tragedia de los comunes” que sufrimos y de una lectura a la inversa del fundamental principio de subsidiariedad.

La encíclica Caritas in veritate (La caridad en la verdad, 2009) es la tercera escrita por Benedicto XVI, luego de Deus caritas est (Dios es amor, 2005) y de Spe salvi (Salvados en esperanza, 2007), y fue su última carta encíclica. Para el momento de su renuncia, preparaba una cuarta encíclica sobre la fe, borrador que toma su sucesor Francisco para luego publicar su encíclica Lumen fidei (La luz de la fe, 2013), firmada en la misma solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, el 29 de junio.

De las potentes ideas desarrolladas por Benedicto XVI en la Caritas in veritate, en lo que respecta a la esfera económica vamos a destacar, comentar y a reflexionar sobre aquellas que se refieren al comercio nacional e internacional, y a la globalización de la economía.

Crisis de santos

El cuerpo doctrinal social de la Iglesia católica está conformado por principios rectores que persiguen el objetivo de lograr un mundo más humano, solidario, pacífico, y de bien común, en el que todas las personas puedan alcanzar su máximo potencial de desarrollo material y espiritual. Se trata de principios rectores que pretenden ser guía para que nosotros, los hombres de buena voluntad, tratemos de llevarlos a la práctica, reflejándolos en la sociedad en general, en la política, en la economía, en la vida empresarial y familiar, en el comercio y en la interacción social, es decir, en todos los ámbitos de la acción humana. No puede esperarse que la Doctrina Social de la Iglesia sea un programa detallado de políticas públicas; no pretende ser un programa de gobierno: nos toca a nosotros, con buena voluntad e inteligencia, la tarea de lograr que estos principios permeen todos los espacios de la acción humana, y terminen incidiendo en la regulación, pero principalmente en la libre y voluntaria interacción social de las personas y empresas.

“La economía debe ser al servicio del hombre, no al revés”

(Caritas in veritate, 36)

Esto nos hace reflexionar que cuando se habla del mercado, o del intercambio, o del comercio nacional o internacional, o de la economía en términos generales, o del libre mercado, o del intervencionismo, o de la economía de libre empresa, entre otros términos, no se pueden ver como si fueran entes que deambulan por doquier, con vida propia y buenas o malas intenciones; la realidad es que cada uno de ellos son espacios más o menos abstractos, más o menos físicos, compuestos de personas, de personas interactuando. Para mayor precisión, el mercado no es malo o bueno; los que somos malos o buenos somos las personas que lo componemos e interactuamos en él. La política y la economía no son malas o buenas; los que somos malos o buenos somos las personas que las componemos e interactuamos en ellas. Es como si al hacerle daño a alguien con un objeto cualquiera, por ejemplo un zapato, dijéramos que el zapato ha sido malo… quien ha sido mala en tal caso, es la persona que ha usado al zapato para hacerle daño a otra. Y si nos referimos a objetos que han sido diseñados o creados para hacer daño, pues precisamente ha sido una persona quien los diseñó y creó.

Cada vez que pienso sobre este aspecto no puedo dejar de recordar las palabras de San Josemaría Escrivá de Balaguer: “… estas crisis mundiales son crisis de santos. Dios quiere un puñado de hombres ‘suyos’ en cada actividad humana” (Camino, 301).

Considero que la caridad no se puede decretar; lo ideal es que fuera voluntaria: hay que “trabajar” al corazón de las personas para que seamos más caritativos, y siendo mejores personas será más fácil poder implementar reglas, dinámicas empresariales y comerciales que reflejen los principios rectores de la Doctrina Social de la Iglesia, e impere la solidaridad, la subsidiariedad y se persiga el bien común.

“El amor es la fuerza que nos permite superar el egoísmo y la indiferencia, y que nos permite encontrar la felicidad en el servicio a los demás“

(Caritas in veritate, 8)

Si respetando el principio de subsidiariedad, no pudiéramos ser caritativos entre nosotros mismos, y por nosotros mismos, quizás se justificase que una autoridad superior intervenga para “dar” caridad. Pero me queda la duda, pues la autoridad superior, nacional o supranacional, está compuesta por personas que, al igual que los del nivel inferior, son de “naturaleza caída”, tienen defectos, virtudes, vicios, están sujetos a tentaciones, como somos todas las personas. Volvemos a caer en lo primordial que es “trabajar” al corazón de las personas.

El punto es que preocuparse por el bien del otro, preocuparse por superar los males que en la sociedad sufrimos, es un tema del corazón; de la recta y formada conciencia de cada quien. Somos nosotros, las personas, las que somos buenas o malas de corazón. La terapéutica que apliquemos para resolver los problemas de la sociedad, son solo medios, no son fines en sí mismos. Y para que el acto sea bueno, nuestras intenciones deben ser buenas, los medios ser buenos, y los fines también.

Sin embargo, la historia está repleta de buenas personas, con buenas intenciones, y persiguiendo los más nobles fines, y que al aplicar medios erróneos, termina siendo “peor el remedio que la enfermedad”.

Muchas veces se justifica la intervención del Estado, porque en la economía de libre mercado, o de libre empresa, haya la posibilidad de que algunos se comporten de manera poco ética. Y por supuesto que esto es posible. Pero es un error culpar de ello al libre mercado, o a la empresa como forma de organización. En tal caso la culpa está en el corazón de las personas, en su falta de recta conciencia.

Los problemas y retos que enfrentan nuestras sociedades, por supuesto que deberían preocuparnos a todos, y todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad en ellos, y en sus posibles soluciones. Pero esta participación de cada quien en las posibles soluciones, debe ser una decisión libre y voluntaria. De allí lo importante, nuevamente, de formar al corazón de la persona humana, para que se interese responsablemente en la solución de los problemas que enfrentamos como sociedad. El respeto y promoción de la Dignidad Humana requieren de la libertad, pero esta debe ser acompañada de responsabilidad, de una capacidad de responder ante las consecuencias de nuestros actos libres y voluntarios.

En esta búsqueda de soluciones, los principios de la Doctrina Social de la Iglesia quieren llamar la atención de todos, y dar luz y guía a la discusión, análisis y final escogencia de posibles terapias a implementar. Pero estemos conscientes que ninguna de las soluciones será “gratuita”, ni mágica, ni podrá complacer a todos, y menos será perfecta, aunque eso quisiéramos; así son estos temas sociales. La pretendida solución ya sería bastante meritoria si lograra satisfacer a una gran mayoría, de la manera más eficiente posible.

Desde varios frentes, incluido desde la media, se promueven soluciones mágicas a los problemas de la economía; pero hay que estar atentos a si estas soluciones consisten en el fondo en más intervencionismo gubernamental y más gasto público irresponsable, prometiendo alcanzar un “paraíso” en el que nadie se preocupe, porque el Estado lo proveerá todo. Aunque se promueven como opciones para mejorar la economía y crear riqueza y bienestar para todos, terminan siendo falacias que siempre producen los mismos resultados: crean miseria, inevitablemente terminan en fracaso económico, desastre social, y destruyen aquello que dicen proteger, el bienestar común.

La solidaridad es un valor fundamental, y un principio rector, y así también lo es la subsidiariedad. Las soluciones propuestas deben ser evaluadas a la luz de estos sanos principios, de modo que puedan resultar en más bienestar para todos, en un mayor nivel de vida para todos.

De la justicia, eficiencia, equidad y subisidiariedad en la economía

La justicia en los intercambios, en las transacciones económicas, en los precios, en los salarios y en las tasas de interés, como otros precios en la economía, ha sido materia de estudio, de preocupación y de filosofar, al menos desde tiempos de los inmortales griegos Sócrates, Platón y Aristóteles, pasando por Santo Tomás de Aquino, y los salmantinos (sacerdotes, teólogos católicos españoles de la Escuela de Salamanca) Juan de Mariana, Francisco de Vitoria, Luis de Molina y Martín de Azpilcueta. Aún en nuestros días nos acompaña esta preocupación, que pareciera jamás resolverse definitiva y satisfactoriamente.

Las respuestas de estos pensadores a estas fundamentales interrogantes están inclinadas a que el precio justo es aquel resultante de la libre y voluntaria interacción, negociación e intercambio de dos contrapartes: el vendedor y el comprador, ambos con información incompleta y conocimiento imperfecto de las cosas, como nos pasa a todos.

Vale la pena destacar que para que haya un vendedor debe haber un comprador, y viceversa. Es decir, el que produce un bien o servicio, y pretende venderlo, debe satisfacer las necesidades de sus clientes porque si no lo hace no vende. Por lo tanto, si pensara solo en su beneficio estrictamente, y no en el cliente, pues fracasaría rápidamente. Las relaciones que se sostienen a largo plazo son de ganar-ganar. Un buen productor o proveedor de un bien o servicio, un exitoso vendedor, es aquel que se pone en el lugar de su cliente y lo entiende, lo satisface. Si no, no se daría el intercambio (asumiéndolo siempre libre y voluntario). Si ambos, vendedor y comprador, no sintieran y creyeran que luego de intercambiar estarán en una mejor posición, pues simplemente no intercambian, no se da la operación de compra-venta.

En el intercambio libre y voluntario ambas partes salen ganando: ambos deben sentir que ganan para poder intercambiar; si no, no lo harían, a menos que alguna de las dos partes vaya al intercambio coaccionada, lo que ya no podría llamarse una transacción libre y voluntaria. Sin embargo, siempre ha existido y se ha promovido la idea de que necesariamente en todo intercambio debe haber un ganador y un perdedor; pero la realidad es que el intercambio no es un juego de suma-cero. La realidad es que nos necesitamos unos a otros; somos interdependientes, porque nadie puede hacerse todo lo que necesita. Lo natural es especializarnos en aquello en lo que tengamos una ventaja comparativa, e intercambiarlo por lo que necesitamos; la autarquía, aparte de ineficiente y utópica, es antinatural.

El intercambio es algo natural, y es la manera más eficiente como la sociedad ha podido lidiar con los problemas de escasez. Dado que los recursos no son infinitos, hay que administrarlos eficientemente, porque si no se agotan y no queda para nadie. Y la manera más eficiente, teórica y prácticamente conocida, es mediante una distribución basada en decisiones libres y voluntarias entre las personas; es con intercambios libres y voluntarios. Cuando por cualquier motivo, se entorpecen los intercambios libres y voluntarios, esa administración de recursos escasos se torna ineficiente.

Por lo tanto, a todos en la sociedad, incluidos los gobiernos, nos conviene que los intercambios sean lo más libres y voluntarios posibles, para que la distribución de los recursos sea la mejor posible. Por cierto, más eficiente y mejor no quiere decir perfecta. En economía no hay cosas perfectas. Pero ese arreglo, el que garantice que los intercambios sean libres y voluntarios, es el mejor posible, pues es el que maximiza el bienestar económico de la sociedad como un todo. No iguala a todos en bienestar económico, porque eso es naturalmente imposible, pero es el que maximiza el resultado para la sociedad en su conjunto. En cambio, cuando se intenta entorpecer los intercambios, o se pretende forzar una distribución distinta, los resultados que se alcanzan son inferiores, y se tiende a igualar a toda la sociedad pero “hacia abajo”.

Debido a lo anterior, un gobierno tiene un rol clave en garantizar las condiciones básicas necesarias para que esto se logre. Y precisamente no se trata de mayor intervención. Se trata de propiciar los intercambios libres y voluntarios. ¿Y qué rol tendría un gobierno que quiera cooperar con que la sociedad logre la mejor distribución posible? Las tareas del gobierno serían: respetar y garantizar que se respete el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad, garantizar el Estado de derecho, brindar seguridad jurídica, hacer cumplir los derechos de propiedad y los contratos, asegurar que haya tanta competencia como sea posible (nada de concesiones monopólicas, ni prebendas, ni controles), y garantizar que haya una moneda sana. Este arreglo haría que el gobierno necesitara pocos recursos para financiar su gasto, y por lo tanto no necesitaría castigar a la sociedad con impuestos elevados y confiscatorios. El resto del trabajo le quedaría a la sociedad civil: emprender, asumir riesgos, invertir, generar empleos, producir bienes y servicios. Si el gobierno va contra la ganancia del emprendedor, generará escasez y mayor penuria. Si el gobierno toma la otra ruta señalada, la de la competencia, generará bienestar y reducirá la escasez.

Por supuesto que en el intercambio alguna de las contrapartes pudiera tener a priori la intención de engañar al otro, en cuanto a algún rasgo del producto, en cuanto a algún rasgo de la transacción, entre otras condiciones; pero no por ello considero que se justificaría que una autoridad superior entonces deba controlar todos los intercambios, o al menos intervenir en todos ellos: volvemos al punto en que la culpa no sería del instrumento, el problema no está en el intercambio libre y voluntario, sino de un corazón que hay que formar mejor en el hombre. Respetando al principio de subsidiariedad, si se da el engaño o fraude, y estas contrapartes no lograran llegar a un acuerdo privado que resuelva la controversia, ellas podrían acudir a una autoridad superior para dirimir el asunto, es decir, acudir a un sistema de seguridad jurídica que imparta justicia.

Si un gobierno falla en hacer estas tareas, y se extralimita en sus funciones, entorpecerá los intercambios, dejando de ser libres y voluntarios, lo que necesariamente afectará reduciendo el bienestar económico de toda la sociedad: generará escasez, mercados paralelos, encarecimiento de la vida y afectará la calidad de los productos, por solo listar algunas calamidades.

Algo interesante es que si alguien quisiera planificar el logro de ese mayor nivel de bienestar social, lo más probable es que se termine alcanzando un nivel de bienestar más bajo que el nivel inicial. Es decir, la cooperación inintencionada, espontánea, nos lleva a mejores resultados. Todos persiguiendo nuestros fines individuales, terminamos cooperando unos y otros, siendo medios para alcanzar un fin superior que no es otra cosa que mayores niveles de bienestar social. Para que se alcance de la manera más eficiente posible este referido mayor nivel de bienestar, es necesario que el gobierno no intervenga, y deje actuar a las fuerzas creadoras de las personas, y de la sociedad como un todo. Es decir, el rol del gobierno sería de promoción de un entorno favorable para que eso ocurra, mediante la ejecución de las tareas que ya comentamos.

A manera de cierre…

Existe una cuestión económica fundamental: la escasez de recursos que limita la capacidad de la sociedad para producir y consumir todos los bienes y servicios deseados. Debido a esta limitación, la sociedad debe gestionar los recursos de la manera más eficiente y equitativa posible, maximizando la producción y garantizando al mismo tiempo una distribución justa. La escasez es un aspecto clave de la economía, y una gestión eficiente de los recursos es necesaria para evitar la “tragedia de los bienes comunes”, donde los recursos compartidos podrían agotarse sin una administración adecuada.

“El comercio internacional es un instrumento fundamental para el desarrollo económico y social, pero solo si se practica de manera justa y equilibrada.”

(Caritas in veritate, 48)

La especialización y el intercambio voluntario se destacan como las mejores formas de abordar la escasez. Los individuos, las empresas y las naciones deberían centrarse en lo que mejor saben hacer, aprovechando sus talentos únicos y ventajas comparativas, y luego intercambiar bienes y servicios con otros para satisfacer sus necesidades. Este método es más eficiente y natural que intentar ser autosuficiente; un modelo que se considera poco práctico e ineficiente. Este principio se aplica en todos los niveles: personal, empresarial, nacional e internacional.

El proteccionismo busca imponer barreras al comercio. Estas medidas se consideran ineficientes y perjudiciales para el bienestar social general. El proteccionismo beneficia solo a unos pocos a expensas de muchos y va en contra del flujo natural de la actividad económica, donde la especialización y el libre comercio crean beneficios mutuos. El comercio internacional, cuando se realiza de manera justa y libre, es esencial para el desarrollo económico y social. Trazar una frontera entre países no debería cambiar los beneficios fundamentales del libre comercio.

“La solidaridad y la cooperación internacional son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.”

(Caritas in veritate, 50)

La libertad económica, basada en intercambios descentralizados, voluntarios y competitivos, ha demostrado ser la mejor manera de organizar la actividad económica. En un intercambio voluntario, ambas partes se benefician, ya que se sienten motivadas a comerciar solo cuando mejoraría su situación luego de hacerlo. Este no es un sistema de suma cero, en el que uno gana y el otro pierde, sino más bien un sistema en el que ambas partes prosperan. La intervención gubernamental solo debería desempeñar un papel subsidiario, interviniendo cuando sea necesario para abordar las ineficiencias que el mercado no puede resolver por sí solo, pero siempre con el objetivo de promover la eficiencia y la equidad.

Las libertades personales y económicas son fundamentales. Los mercados libres, la competencia y la protección de la propiedad privada conducen a una mayor productividad, innovación y mejores niveles de vida. Un tema clave es que la libertad económica está ligada a las libertades personales y civiles. Una mayor libertad económica conduce a una reducción de la pobreza, una mayor libertad personal, instituciones democráticas más fuertes y una sociedad más próspera. La interdependencia a través del libre comercio también fomenta la paz, ya que es menos probable que los individuos y las naciones entren en conflicto con aquellos de quienes dependen para su bienestar.

“El amor es la base de la justicia, y la justicia es la base del amor”

(Caritas in veritate, 6)

Hay que enfatizar la distribución justa de los beneficios del comercio, junto con la importancia de acuerdos voluntarios y competitivos para garantizar la equidad en los intercambios. Se debe perseguir conformar un sistema e institucionalidad que respete la Dignidad y la Libertad humana, promueva el espíritu empresarial y fomente las libertades económicas y políticas. El control centralizado y las políticas proteccionistas son perjudiciales, mientras que un sistema de libre empresa y gobernanza responsable es esencial para sostener a largo plazo el crecimiento y la prosperidad.

Nuestros problemas de fondo, en el ámbito económico, se resuelven con respeto a la Dignidad y a la Libertad de la persona, Estado de derecho, igualdad de oportunidades, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y personal, libre empresa y responsable empresa, disciplina fiscal, libertad y estabilidad monetaria y de reglas que promuevan el emprendimiento y la inversión, que es lo que a la larga genera oportunidades de empleos de calidad y sustentables.

Ningún régimen de control ha resuelto, ni resolverá, los problemas económicos de fondo; solo agravará la situación de pobreza y escasez, reducirá el bienestar del ciudadano de a pie.

* Ingeniero civil (UCAB), máster en Administración de Empresas, en Políticas Públicas y en Finanzas (IESA), PhD. en Economía (Swiss Management Center). Director del Centro de Estudios para la Innovación y el Emprendimiento (UMA). Profesor de Economía, Finanzas, Emprendimiento y Doctrinas Económicas en la UCAB, UMA y USM. Ha sido profesor en el IESA, e invitado en Unimet, UCV, entre otras instituciones.

Nota del autor:
Agradezco a la revista SIC, y en particular a su director Juan Salvador Pérez, por la confianza y por invitarme a colaborar en una publicación que conmemora tan importante encíclica, de un gigante como Benedicto XVI. Gracias por tan inmerecido honor y por la oportunidad de hacer mis humildes aportes a la discusión de estos temas; aportes minúsculos al lado de las potentes ideas de Joseph Aloisius Ratzinger. Gracias a Hugo Bravo por proponer mi nombre para esta publicación.

Advertencia: las ideas expresadas en este ensayo son solo responsabilidad de su autor. Los errores e imprecisiones que pudiera haber son solo responsabilidad suya; lo correcto y preciso es gracias a, y responsabilidad de, autores destacados en estos temas.

Notas:
1 Crisis financiera global de los años 2008-2009, iniciada por el estallido de la “burbuja” inmobiliaria en los Estados Unidos de América.

Una pequeña historia de la banca (II)

En este artículo continuamos mostrando la evolución cualitativa de la banca como negocio.

Quedamos en que cada banco de emisión capta clientes por su oferta de servicios y por el valor de los billetes que emiten. Es decir, los bancos compiten por la preferencia del cliente, para que este traiga sus monedas y deposite, o para que solicite préstamos. Esto hace que ofrezcan mejores servicios y preserven el poder de compra de sus billetes emitidos (auto-regulación). Como se ve, los bancos con su capacidad de emisión, afectan la oferta de dinero (fiat), pueden estimular la actividad económica y pueden crear inflación.

Ahora los billetes de cada banco circulan y son aceptados por el comercio en general, y si alguien quisiera redimirlos en dinero, sólo debe dirigirse al respectivo banco y canjearlos. Pero eso ocurre muy poco, porque el sistema confía en que el respaldo existe, y porque es más práctico emplear los billetes en las transacciones.

Se presenta una complicación: no todas las personas tienen cuentas abiertas en todos y cada uno de los bancos, por lo que si un comerciante acepta unos billetes, y éste no tuviera cuenta en el banco emisor de dichos billetes, tendría que ir a ese banco, redimir los billetes, y luego depositar las monedas equivalentes en el banco en el que posea cuenta. Esto podría hacer que en tal comercio se prefiriesen los billetes de unos determinados bancos, por encima de los de otros emisores, afectando al intercambio comercial.

Esta situación, y buscar una solución eficiente y rentable, llevó a cada banco a aceptar los billetes emitidos por otros bancos. Primero a descuento, por el riesgo que podían representar (por ejemplo, que no existiese el respaldo en moneda), o porque proviniesen de bancos en otros pueblos y ciudades, y la distancia, el transporte y el traslado para poder redimirlos, aunado al mayor desconocimiento de la gestión de tal banco emisor, reducía la valoración que de tales billetes se hacía. Pero luego el arbitraje se encargó de cerrar esas brechas de precio, tendiendo con el tiempo a ser todos los billetes (obviamente, los de los bancos que el mercado consideraba sólidos) valorados a la par.

Entonces, ya se aceptan los billetes de todos los bancos en todos los comercios, porque es fácil depositarlos en cada institución financiera.

Ahora cada banco al recibir de sus clientes billetes de otro emisor, debía asumir la tarea de canjearlos por la moneda de respaldo y llevarla a sus arcas. Entonces se podía ver a representantes de cada institución financiera portando los billetes por toda la ciudad, dirigiéndose a cada banco emisor a redimirlos. Esto llevó a la necesidad de instaurar un lugar y momento en el que los representantes de cada banco se reunirían para intercambiar los billetes y redimir los que fuesen necesarios. Y así, en esa reunión periódica, se encontraban los bancos, y billetes iban y venía la moneda de respaldo, dando nacimiento al ancestro de las cámaras de compensación.

Estas instituciones rápidamente se convirtieron en el sitio en el que se pactaban préstamos overnight (“de un día para otro”) entre los bancos, para cubrir necesidades o estrecheces puntuales de liquidez. Los bancos mantenían saldos de moneda en estas cámaras de compensación, según la estacionalidad de la liquidez del sistema y de cada banco, para no tener que andar movilizando frecuentemente el dinero. Cada banco tenía una bóveda en la cámara de compensación, con dinero de respaldo allí. Se hacía el intercambio de billetes, y luego el intercambio de moneda: el dinero se movía de la bóveda del banco que tuviera más billetes en contra que a favor, hacia la bóveda del banco que tuviera más billetes a favor que en contra. También estas instituciones comenzaron a prestar servicios de análisis de la situación y desempeño financiero del sistema bancario y de cada banco en particular, por la facilidad que ella tenía para recaudar información relevante. También las cámaras de compensación llegaron a convertirse en “prestamista de última instancia”, para rescatar a algún banco con problemas de liquidez.

Una de las características del sistema descrito hasta ahora, era que los bancos tendían a auto-regular sus emisiones de billetes sin respaldo, pues sabían que debían aceptar la redención de sus billetes y entregar la moneda. Si se excedían en la emisión de billetes, cualquier otro banco podía quebrarlos.

Los bancos en este sistema competían entre sí por clientes, en distintos servicios, en tarifas y calidad de sus servicios, en tasas y condiciones por sus préstamos, en tasas y condiciones por los depósitos recibidos, etc. Cada uno emitía su propio billete o moneda. Podían emitir la cantidad de billetes que quisieran para las mismas reservas (sistema de reserva fraccionaria), pero se auto-regulaban, gestionando su riesgo de liquidez aplicando la “ley de los grandes números”.

Lo descrito es el sistema de banca libre. Así llegó a ser la actividad bancaria en algún momento de su historia y evolución.

Bueno amigos, por razones de espacio detengámonos en este punto, por los momentos. Continuaremos recorriendo esta fascinante historia, en el próximo artículo.

Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué es difícil cambiar el statu quo.

Una pequeña historia de la banca (I)

Este artículo pretende mostrar la evolución cualitativa de la banca como negocio.

El inicio de esta historia se remonta a mucho tiempo atrás.

Los recursos son escasos; no hay recursos infinitos. Y desde hace mucho tiempo, la humanidad espontáneamente, por ensayo y error, aprendió que la autarquía no resuelve los problemas de escasez. Aprendimos que la división del trabajo y el intercambio es la forma más eficiente para aliviar los problemas de escasez.

Los intercambios son parte de la vida del ser humano, desde que éste está sobre la faz de la Tierra. Realmente se dice que se intercambia desde que el hombre deja de ser nómada y se asienta, hace unos diez mil años, en El Neolítico. Intercambiar unos bienes por otros, es una actividad natural. Así desde sus orígenes, el ser humano ha intercambiado, por ejemplo, vestido por alimento, alimento por armas, trabajo por alimento, e innumerables cosas más. El intercambio puede ser directo o indirecto.

Como es fácil de imaginar, todos los intercambios comenzaron siendo por medio del trueque; es decir, el intercambio directo de un bien por otro, hasta que, en tiempos muy remotos ya, hizo aparición la moneda.

Pero primero los intercambios se concretaban mediante el trueque. Una complicación que tiene el trueque, es que en él debe darse lo que se conoce como la “doble coincidencia de deseos o necesidades”: yo deseo lo que tú ofreces en el intercambio, y tú deseas lo que yo tengo para intercambiar. Sino, habría que “triangular” para que se materialice la operación.

Dada esta complicación, el mundo se inventó la moneda; es decir, algo que pueda cumplir con las condiciones de que pueda ser fraccionable (divisibilidad), fácil de portar o trasladar, no perecedera (durabilidad), homogénea, estable en su precio, de escasez relativa, difícil de falsificar, fácil de acumular, y que sea valorada por muchas personas (uso generalizado). Con una moneda valorada por ambas partes en el intercambio, ya no es necesaria la “doble coincidencia de deseos”.

Por estas razones, y a pesar de ser en sociedades de costumbres y culturas diferentes, la moneda evoluciona espontáneamente (ni coordinada ni planificada por nadie) hacia algunos metales preciosos, como el oro y plata, y hasta en ciertos momentos, y hasta en crisis, dinero han sido la sal, el cacao, el tabaco, las conchas marinas, joyas, vacas, y hasta los cigarrillos. ¡Sí!, ¡hasta las vacas han sido dinero! Han sido monedas: azúcar en El Caribe, ganado en Grecia, cobre en Egipto, sedas en Persia, clavos en Escocia, piedras talladas en África, etc.

La aparición de la moneda, fue natural, espontánea, y así también su desarrollo, hasta la moneda como la conocemos en la actualidad. Hoy en día tenemos hasta criptomonedas. Y nacen las monedas por la necesidad de facilitar los intercambios.

Y así los metales preciosos fueron perfilándose como moneda de preferencia. Entonces la gente portaba estas monedas (basadas en oro o plata, por ejemplo) y con ellas hacía sus compras de bienes y servicios. Pero, como es de imaginarse, esto suponía asumir el riesgo de portar esas monedas: potencialmente ser víctima de robo, desaparición o daño de esas monedas. Además, la incomodidad que pudiera representar llevarlas consigo.

Para satisfacer esas necesidades aparece entonces una empresa: las casas de depósito. Pudiera decirse que éstas son los ancestros remotos de los bancos. Ahora los ciudadanos tenían la opción de guardar sus monedas (metales preciosos) en estas casas. Por el depósito, estas empresas entregaban a sus clientes unos documentos que validaban sus posesiones en tal institución: los certificados de depósito. Por sus servicios, las Casas de Depósito cobraban un monto determinado. Estos certificados puede decirse que son los ancestros de los billetes que hoy conocemos.

La función de estas Casas de Depósito prácticamente era resguardar las monedas de los depositantes. Los certificados de esos depósitos eran portados por sus dueños, pero éstos, para poder comprar bienes y servicios, debían ir a sus respectivas Casas de Depósitos y retirar parte de sus monedas (o metales preciosos). Por lo tanto, en la práctica, para el comercio seguían circulando y empleándose las monedas de oro o plata, por ejemplo.

Los comerciantes recibían estas monedas como contraprestación en sus operaciones de venta de bienes y servicios, y luego las depositaban en sus respectivas Casas de Depósitos, recibiendo a cambio su correspondiente certificado.

Estos certificados inicialmente eran nominativos, es decir, llevaban anotado el nombre de su propietario, razón por la que no podían ser entregados como forma de pago, no podían circular.

Como esto representaba un obstáculo a la eficiencia del sistema, este evolucionó espontáneamente, y dichos certificados de depósito pasaron a ser endosables. Es decir, su propietario podía ahora pagar con ellos y así transferir su propiedad y por tanto la capacidad y el derecho a reclamar, en la respectiva casa de depósito, el contravalor correspondiente en moneda (eran certificados redimibles en moneda). Por lo tanto, el comerciante que aceptaba en pago estos certificados de depósitos endosables, tenía que dirigirse a la Casa de Depósito que los había emitido y reclamar el canje en moneda. Y luego dirigirse a su institución (en caso que no fuera la misma) y depositar sus monedas, recibiendo otro certificado endosable.

Por supuesto, para que el comerciante (y así cualquier persona) aceptara en pago ese certificado de depósito, ahora endosado a su nombre, tenía que tener la confianza en que podía canjearlo por su equivalente en monedas (poder redimirlos), y confiar en que la moneda de respaldo estuviera allí en esa casa de depósito emisora.

Esta situación, aunque un avance, seguía siendo aún ineficiente en cuanto a facilitar el comercio o intercambio. Dado esto, el sistema evolucionó espontáneamente haciendo los certificados de depósitos, ya no nominativos y endosables, sino al portador. Esto permitió que el certificado de depósito circulara con más facilidad, pero seguía siendo necesario dirigirse a la institución emisora para canjearlo por el equivalente en moneda.

Luego, alguna institución se habrá dado cuenta que no todos sus clientes (depositantes), o aquellas personas que portaran un certificado de depósito emitido por ella, canjeaban todas sus reservas monetarias todos los días, por lo que no era necesario tener todos sus certificados de depósitos respaldados en reservas monetarias al ciento por ciento. En la medida en que la institución tuviera más clientes (depositantes), por la ley de los grandes números, podía asumir el riesgo de emitir más certificados por un monto equivalente mayor al que realmente tuviera en reservas monetarias que los respaldaran. Así comienza la reserva fraccionaria (o encaje fraccionario). Por ley de grandes números se puede asumir el riesgo de que no sean exigidas en canje, todas las reservas monetarias equivalentes a la cantidad de certificados emitidos circulando. Si esto ocurriera, y se exige la totalidad, la casa de depósitos no tendría cómo asumir el compromiso y simplemente quebraría. La institución asume ese riesgo de quedar ilíquido o insolvente, y lo gestiona. De esto lo importante de dar la imagen de solidez y solvencia para la institución: un rumor puede quebrar a la institución.

De esta manera comienza la labor intermediaria de estas Casas que hasta ahora eran sólo de depósitos. Ahora ya se parecen más a los bancos como los conocemos hoy en día: aceptan depósitos (ahorros) y hacen préstamos (cuentas corrientes o de cheques); intermedian. Se alcanza en pleno el estatus de dinero fiduciario (fiat money): se emiten notas bancarias por los depósitos recibidos y para los préstamos otorgados. A los certificados de depósito también se les conoce como notas de depósitos o notas bancarias.

A estas notas bancarias se les llama fiat money, o dinero fiduciario, porque el término fiat proviene del latín fides, que significa fe. Y este detalle no es poca cosa. La gente acepta esas notas porque tiene fe, confía, en que la moneda de respaldo existe y puede ser canjeada por la nota a discreción del portador. El sistema está basado en esa fe. Si no se confía en ello, pues simplemente la nota bancaria no es aceptada, y las personas acudirían de inmediato a canjear las notas por la moneda de reserva. Si esto ocurre en proporciones importantes, si se da esta corrida bancaria, la institución no tendrá con alta probabilidad cómo afrontar la exigencia de la moneda, declarándose en bancarrota.

Entonces, ya cada Casa de Depósito no es sólo para depósitos y para cobrar por ese servicio. Ahora capta monedas y hace préstamos, intermedia. Paga un interés por los recursos que capta y cobra un interés por los préstamos que hace. Ahora esta institución la llamaremos “banco”, y emite sus propios billetes (notas) redimibles en moneda. La práctica, y por la ley de los grandes números, llevará a cada banco a emitir sus propios billetes y en mayor valor que lo respaldado en reservas monetarias. Pero el banco sabe que no puede emitir infinitos billetes, pues con tan sólo un rumor sobre su insolvencia la gente vendrá a reclamar y canjear sus notas por moneda, quebrando al banco. Otra razón por la que los bancos se auto-regulan a la hora de emitir billetes o notas, es que al hacerlo sus billetes se devalúan; es decir, se necesitan más billetes suyos para comprar las mismas unidades de bienes o servicios. Esta situación alejaría a los clientes, pues estos prefieren tener notas (billetes) que preserven el valor de sus ahorros, preserven su poder de compra.

Ya cada banco de emisión capta clientes por su oferta de servicios y por el valor de los billetes que emiten. Es decir, los bancos compiten por la preferencia del cliente, para que este traiga sus monedas y deposite, o para que solicite préstamos. Esto hace que ofrezcan mejores servicios y preserven el poder de compra de sus billetes emitidos (auto-regulación). Como se ve, los bancos con su capacidad de emisión, afectan la oferta de dinero (fiat), pueden estimular la actividad económica y pueden crear inflación.

Bueno amigos, por razones de espacio detengámonos en este punto, por los momentos. Continuaremos recorriendo esta fascinante historia, en el próximo artículo.

Entender de economía política, identificar ganadores y perdedores, nos permite entender por qué es difícil cambiar el statu quo.

Entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio 90.3 FM (jueves, 15-junio-2017)

Para acceder al audio de la entrevista, haz click aquí

La política es la Libertad

Hoy en día el país atraviesa por una gravísima situación económica: escasez de alimentos, de medicinas, de bienes básicos, inflación, desempleo, incremento de la pobreza, deficientes servicios públicos, inseguridad, y un largo etcétera... Situación que no es sino la lógica consecuencia de la aplicación de un modelo económico que nos ha acompañado, no desde finales del siglo XX, sino desde por lo menos los años sesenta del mismo siglo, y que se ha venido acelerando. 

Un modelo que podemos definir de Estado interventor en la economía, restricciones a la competencia, prácticas proteccionistas (monopolios privados y estatales, concesiones), Estado-empresario, regulador, controlador de la economía, clientelar y asistencialista, y que para su funcionamiento y sostenimiento necesariamente requiere un gasto público elevado, altos impuestos, endeudamiento, inflación. Un modelo que inexorablemente tiende por naturaleza a mayor intervención, mayor control, a empeorar los resultados económicos, a la pérdida de bienestar, al totalitarismo y, si no se detiene a tiempo, a la tiranía. Es decir, es un modelo que aunque comienza confiscando las libertades económicas de los ciudadanos, siempre amparado y justificándose en su persecución del bien común, termina confiscando las libertades civiles también... termina confiscando la libertad, que es una sola.

En mi opinión, y no es sólo mía, lo natural, lo sano, lo correcto, debería ser un arreglo institucional en que, mientras el estamento político sea quien tenga el poder político, la sociedad civil, los ciudadanos, sea quien mantenga el poder económico. La relación sana es que el estamento político, las instituciones políticas, los organismos públicos, el gobierno, el parlamento, el poder judicial, el Estado, estén al servicio del ciudadano. No al revés. 

Lo sano es que el ciudadano sea quien tenga el poder económico, sea dueño de empresas, produzca, genere empleo y bienestar, y mediante sus impuestos sostenga al Estado, al gobierno, al estamento político. Es decir, el ciudadano sea el empleador que, a través de los impuestos, le pague sus buenos servicios a sus empleados, los servidores públicos, el estamento político. Entonces, el ciudadano mantiene el poder económico, y negociará, a través de las organizaciones políticas, como el parlamento, los impuestos que pagará a cambio de buenos servicios públicos. Y si los servidores públicos no hicieren bien el trabajo para el que el ciudadano los eligió, pues, a través de mecanismos predispuestos, debe tener el poder para removerlos y elegir a otros. 

Esto, opino, debe ser el principio del arreglo institucional correcto y sano para todos en la sociedad: los políticos manteniendo el poder político, pero sirviendo y dependiendo del ciudadano, quien es quien tiene el poder económico. Así se logra el balance necesario para que las cosas funcionen, y para que se preserve a largo plazo la libertad, y por ende la democracia. Si el estamento político, o el Estado, tuviera ambos, tanto el poder político (que por naturaleza ya tiene) como el económico, ¿con qué carta se sientan a negociar los ciudadanos? Con ninguna; y sin tener nada con qué negociar, lo más probable es que terminen siendo los ciudadanos servidores del Estado.

Esto es lo que ha venido ocurriendo en el país desde los años sesenta del siglo XX: un Estado que ha ido quitando el poder económico de las manos de sus naturales dueños y gerentes, la sociedad civil.

A manera de ilustración, y de una larga lista, sólo destaco tres hitos de nuestra historia político-económica: la estatización del Banco Central (1974), la consolidación de la estatización de la industria petrolera (1976) y la sustitución de importaciones por la misma época. 

En estos casos, justificándose en el bien común, el Estado (a través del gobierno central) dio tres pasos muy importantes en ese camino de quitar a la ciudadanía su natural, y sana, responsabilidad de tener el poder económico. ¿Y qué es lo más triste? que la sociedad civil se lo permitió... tal vez embelesados por la bonanza petrolera de aquellos años, no pudimos ver con claridad las consecuencias que muchos años después permitir ese paso traería, aunque para ser justos, hubo quienes sí lo advirtieron. O simplemente como dirían algunos teóricos, no abundaban ya entre nosotros, no estábamos ya muy imbuidos de las ideas de libertad, siendo caldo de cultivo, sustrato apropiado, mercado cautivo, para el avance del estatismo.

En el primer caso, el del Banco Central, con la modificación de su ley en 1974, el Estado (a través del gobierno) se apropia de la totalidad accionaria (recordemos que inició sólo teniendo un 30% de las acciones), y consolida su derecho a elegir a la junta directiva, derecho que ya preservaba desde inicio de los años sesenta. Considero evidente que estos cambios que se dan en el gobierno corporativo del Banco Central, alinean sus intereses a los del gobierno central, y no necesariamente a los del ciudadano, y fueron justificados en aras del bien común. Se lesiona así la autonomía que necesaria y convenientemente (a los ciudadanos) debe tener la autoridad monetaria, el ente emisor; que de por sí ya consiste en un monopolio de emisión, con las consecuencias que en el bienestar de la sociedad esto tiene, y que a su vez representa para el Estado gran tentación de apropiarse esa facultad.

En el segundo caso, el de la industria petrolera, con la estatización de 1976, el Estado termina de dar un paso que desde años antes ya venía gestándose: se apropia de la totalidad de la exploración, producción y comercialización del recurso natural; crea empresas para sustituir a aquellas privadas (nacionales y extranjeras) que manejaban el sector petrolero. Es decir, crea un monopolio estatal.

En el tercer caso, el de la sustitución de importaciones, el país, llevado de la mano del gobierno en alianza con intereses privados que se beneficiarían del nuevo arreglo institucional, emprendió la no-natural tarea de querer hacer todo nacional y domésticamente, es decir, en el país. Idea que por supuesto que tiene mucho "punch" mediático, y nos llega a la fibra de nuestro corazón patrio, pero que no lleva a mejores niveles de bienestar, beneficia a unos pocos a expensas de la mayoría, atenta contra la competencia, la innovación, la creatividad y la calidad, encarece la vida, resta prosperidad, y lesiona la libertad al reducir las opciones que los ciudadanos tienen para elegir. Lo natural es especializarnos en aquellos rubros en los que tenemos ventajas comparativas, producirlos e intercambiarlos con el resto del mundo por aquellas cosas que necesitamos; y además esta labor debe ser descentralizada y privada, para que sea eficiente, decisiones libres y voluntarias de cada quien. Lo natural es ser interdependientes y no autárquicos.

Dados estos tres ejemplos no nos deberían sorprender los resultados: elevado gasto público, monetización del déficit fiscal (cubierto con impresión de dinero), acelerada inflación, pérdida de participación en el mercado petrolero, desvirtuación de la naturaleza de la empresa estatal petrolera, reducción de su capacidad productiva, caída en las reinversiones necesarias, clientelismo político, ineficiencia, pérdida de capacidad de maniobra y de adaptación a los cambios tecnológicos y de mercado, aumento de la vulnerabilidad del país ante la volatilidad del mercado petrolero, menos diversificación de nuestras industrias, desempleo, escasez, encarecimiento de la vida, pérdida de bienestar, menor variedad y calidad de bienes y servicios, y lesión de nuestra libertad de elegir, etc.

Luego que el Estado emprende la ruta de ser interventor y empresario, es difícil detenerlo. Y si nos creemos la hipótesis planteada más arriba, como sociedad iremos perdiendo las libertades económicas, aceleradamente, hasta perder incluso las libertades civiles y políticas.

Esta ruta podríamos esquematizarla de la siguiente manera:

• El Estado ve una supuesta "falla de mercado" (generalmente son fallas inducidas por el mismo Estado)
• En aras del bien público el Estado se ve, con su "mente maestra", llamado moralmente a intervenir y llevar a la sociedad a "mejores" niveles de bienestar.
• El Estado aplica la receta: controles de precios, restricciones a la competencia (monopolios y concesiones), y se hace empresario.
• Crece el tamaño del Estado y consecuentemente el gasto público.
• Pero esto hay que financiarlo: más impuestos, más deuda, más monetización del déficit (más inflación)
• Pero esto tiene consecuencias: escasez, inflación, desempleo, pobreza, delincuencia. servicios ineficientes. corrupción, conflictividad social, pérdida de libertad, tiranía.

Una vez que el Estado comienza, es difícil detenerlo... él, a fin de cuentas el estamento político, por sí solo tiene pocos incentivos para detenerse en ese avance, porque siempre podrá justificar su intervención: ve una "falla", interviene, contraría el sano principio de subsidiariedad, produce malos resultados... y en lugar de reconocer que el error estuvo en el primer control, decide controlar más; lo que se conoce como "la huida hacia adelante". Pretende resolver errores con más errores, y lógicamente no se resuelve el problema, más bien empeora.

Entonces se empiezan a ver programas del Estado para "resolver" los problemas de la sociedad, cada vez una lista más extensa: ¿escasez de alimentos? se crea un organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿encarecimiento de la vida? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿escasez de divisas? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿malos servicios públicos? se crea otro organismo, una burocracia y unas medidas de intervención y control para ello... ¿No funcionan estas pretendidas "soluciones"? se crea ahora un súper-organismo, una súper-burocracia y unas medidas de súper-intervención y súper-control para ello... es decir, se crea el control del control anterior que no funcionó... Pero el detalle está en que lógicamente no iba a funcionar.

¿Y qué medidas o políticas sí funcionarían? pues aquellas alineadas a la Dignidad Humana y a su inmanente Libertad. Toda política pública debe estar alineada a la Dignidad Humana. La política, el sistema de gobierno (por ejemplo, la democracia), y el sistema económico, están para servir a la persona y su dignidad; no al revés: la persona sirviendo a la economía o a la política.

Y esto significa aplicar el principio de Subsidiariedad: "…como es ilícito quitar a los particulares lo que con su propia iniciativa y propia industria pueden realizar, para entregarlo a una comunidad, así también es injusto y al mismo tiempo de grave perjuicio y perturbación del orden social confiar a una sola sociedad mayor y más elevada lo que pueden hacer y procurar comunidades menores e inferiores…" (S.S. Pío XI, Quadragesimo anno, 1931, Nº 54)

Vale la pena aclarar que hay dos dimensiones de este principio:

• La negativa: el Estado debe retrotraerse de aquellas actividades que el particular o el grupo intermedio hacen bien o simplemente le corresponde en virtud de su naturaleza, como por ejemplo que sean los padres los que decidan cómo y dónde educar a sus hijos. El Estado no debe absorber a los grupos intermedios. Por el contrario, debe dejarlos actuar.
• La positiva: el Estado está obligado no sólo legal sino también moralmente a actuar o intervenir en todos aquellos sectores, donde su presencia se hace necesaria, a través, por ejemplo, de las políticas públicas. Acá el Estado debe actuar subsidiariamente, que equivale a prestar "ayuda para la autoayuda" y no caer en el asistencialismo.

Cuando se invierte este principio de Subsidiariedad, y el Estado interviene en todo, y avanza coartando libertades, la sociedad civil va perdiendo poder económico, en un entorno que incentiva la búsqueda y captura de rentas (rent-seeking), pues los ciudadanos y las empresas ven que, dado que el Estado es quien maneja la economía, controla todo, regula, interviene y tiende a ser el único empleador, la ruta a la prosperidad está en alinearse a los intereses del Estado o en la captura de algún privilegio, prebenda, concesión o monopolio otorgado por el Estado. Es decir, la ruta a la prosperidad no está en el trabajo y esfuerzo diario, en servir a otro y hacerlo bien, en competir por la preferencia del ciudadano, en la innovación y asunción de riesgos, sino en ser "socio" del Estado. Un socio que mientras le sea conveniente, te respetará. 

Entonces, a largo plazo, lo que inició siendo una "inocente" intervención del Estado en aras del bien común, termina siendo la conculcación de los derechos fundamentales de la persona.

La intervención del Estado nunca resolverá de fondo los problemas. El problema de fondo se resuelve con respeto a la Dignidad y a la Libertad de la persona, Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y personal, libre empresa y responsable empresa, disciplina fiscal, libertad y estabilidad monetaria y de reglas que promuevan el emprendimiento y la inversión; que es lo que a la larga genera oportunidades de empleos de calidad y sustentables. Ningún régimen de control ha resuelto, ni resolverá, el problema de fondo; sólo agravará la situación de pobreza y escasez, reducirá el bienestar del ciudadano de a pie.

Como sociedad es importante reflexionar sobre estos temas: exigir libertades tanto económicas como civiles, no procurar depender del Estado, sino exigirle que nos permita asumir responsablemente nuestra libertad: las consecuencias tanto positivas como negativas de nuestras decisiones. En la medida en que tomemos conciencia de estos temas, y los exijamos, los gobernantes limitarán más sus acciones y las alinearán a los intereses de la sociedad.

Entonces, ¿qué medidas o políticas sí funcionarían?: ¿escasez de alimentos? libertad de empresa y de elección... ¿encarecimiento de la vida? libertad de empresa, de elección, monetaria, libertad del mercado laboral... ¿escasez de divisas? libertad monetaria... ¿pobreza? ¿inseguridad? ¿malos servicios públicos? libertad de empresa y de elección... La medida a aplicar, la política, es la Libertad.

Entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio 90.3 FM (lunes, 09-enero-2017)

Para acceder al audio de la entrevista, haz click aquí

El Decálogo del Populismo, por E. Krauze

¿Es justa y social la Justicia Social?

Rafael J. Avila D.


Esta reflexión nace de una conversación con un gran amigo, como hermano, además profesor universitario de Ética de una prestigiosa institución caraqueña (que no es cualquier cosa), ambos interesados en conciliar políticas y teorías económicas con nuestra fe católica, defensora de la Libertad y Dignidad Humana.
La discusión con este entrañable amigo, me animó a escribir esta humilde reflexión.

La ignición del asunto está en una frase de la carta encíclica Centessimus Annus, en la que Su Santidad Juan Pablo II, exhorta a la sociedad a entender la importancia de que el trabajador disfrute de un salario suficiente. Creo que nadie estaría en desacuerdo con lo loable de este propósito.

Ahora, tratemos de reflexionar cómo logramos esto. Recordemos que la intención de mi amigo y yo es en todo momento tener nuestra consciencia tranquila, pues ante todo, somos cristianos católicos; de forma desinteresada, con la mejor de las intenciones, queremos conciliar teoría económica con nuestra consciencia, con nuestra fe católica. La economía, y así la política, están para servir a la persona, y no al revés.

Antes de ello, creo importante definir y comentar en torno a dos conceptos: salario suficiente y salario justo.


Salario suficiente y Salario justo

¿Habrá manera de calcular el salario suficiente de cada quién? Creo que no. ¿Podrá saber alguien cuánto es el salario suficiente de otro? Creo que no, y por una condición natural: somos de mente limitada. Humanamente no es posible tener, poseer, captar, manejar, toda la información necesaria y suficiente, presente y futura, para poder calcular objetivamente el salario suficiente de un tercero. Si esto es cierto, por lo tanto, sólo la misma persona puede conocer mejor esta información y decidir el salario que en un momento es suficiente para ella.

¿Será suficiente un salario que sólo cubra el alimento, vestido y servicios básicos del mes? o, ¿Por qué no mejor uno que alcance para además de ello, adquirir un vehículo por cuotas? Pero, ¿Cuál vehículo? ¿Uno pequeño porque si es grande y lujoso ya sería más que suficiente? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Y si la familia está a dieta, ingiere menos alimentos, podemos reducir lo que sería un salario suficiente? ¿Y si compra salmón? ¿O ya sería eso superior al suficiente?... Ya el cálculo se nos complicó, ¿cierto?


Por supuesto un trabajador podría tratar en una negociación de obtener más que su salario suficiente, pero ya allí entramos en un tema ético. De igual forma podría tratar un patrono en una negociación de pactar un salario menor que el suficiente del empleado. Pero de nuevo, hay un problema ético. Sin embargo, creo que hay forma de regular esta situación, o el aparecimiento de esta situación: permitiendo que se auto regule. ¿Y cómo se lograría esa auto regulación? En breve lo abordaremos...


Ahora acerca del salario justo: ¿Habrá manera de objetivamente calcularlo? ¿Justo para quién? Depende de a quién le preguntemos. Si le preguntamos al trabajador, muy probablemente dirá que mientras más elevado, más cuantioso, más justo será. En cambio, si le preguntamos al patrono, con alta probabilidad dirá que mientras más bajo, más justo será. ¿Y entonces? ¿El justo será el punto medio? Creo que no necesariamente será ese. Entonces, ¿Cómo lo definimos? ¿Quién lo define?


Vías para definir el salario

Planteo una primera vía: el gobierno define el salario suficiente y justo.
La primera reflexión es, ¿Podrá el gobierno, es decir, los funcionarios de turno, no olvidar, personas, tener toda la información necesaria y suficiente, presente y futura, para conocer y determinar el salario suficiente y justo de cada uno de los miles y miles de trabajadores? Mi intuitiva respuesta es que no, porque aunque pudiera tener más y mejor información que otros, nunca la tendrá absoluta, pues también son humanos, igual que nosotros, los que no somos gobierno.

Si a pesar de esta natural limitación, de la que no hay que sorprenderse ni lamentarse, el gobierno decide dar el paso y definir un salario determinado como suficiente y justo, simplemente será una imposición. Si decide colocar un monto único y específico, igual para todos los casos, pues simplemente será injusto; suficiente posiblemente para algunos casos, insuficiente para otros. Y además tendrá que revisarlo con frecuencia, pues la inflación, generada por el mismo gobierno, se "comerá" el poder de compra de ese salario afectando el bienestar del trabajador. Y aunque imaginemos que se define un salario como justo para cada profesión, seguirá siendo injusto, pues aun siendo de la misma profesión, cada persona es diferente. Si ahora nos ponemos en la posición de la empresa contratante, también será injusto, pues tal vez algunas podrán pagarlo y tal vez otras no.

Es como tratar de ir en contra de una condición natural, que es todos somos diferentes; iguales en Dignidad, pero diferentes en talentos, en inteligencia y voluntad. Seguir por este camino es caer en la fatal arrogancia de creer que se posee todo el conocimiento necesario para hacer ese preciso cálculo; cosa simplemente imposible, pues el conocimiento es disperso.

Esta situación se da cada vez que el gobierno establece su política laboral, o leyes laborales: salario mínimo, inamovilidad laboral, entre otras medidas; que aunque tengan las mejores intenciones, terminan imprimiendo rigidez al mercado laboral, lo que se traduce en "des-estímulo" a emplear personas, causando desempleo. Son leyes que protegen tal vez a la persona que ya está disfrutando de un empleo, pero que seguramente perjudican a quien sale a la calle a buscar trabajo. Ganan los que ya están empleados y el gobierno (políticamente), y pierden los que están desempleados y quieren trabajar.


Planteo una segunda vía que intente resolver el punto de la definición del salario justo y suficiente: se sientan a negociar el patrono y el empleado.
Bajo la óptica de quién tiene mejor información y conocimiento (aunque no sea absolutamente completo), para saber el salario que para sí es suficiente, diríamos que sólo el trabajador sabe mejor el monto que en un momento es suficiente para cubrir su costo de vida, y además que le permita ahorrar para sus planes futuros. También podemos decir que, del lado del patrono, sólo la empresa tiene el mejor conocimiento, aunque naturalmente incompleto, para saber cuál es el salario que puede ofrecer a un potencial empleado; el salario que considera justo y conveniente, el que no le afecta.

De esa negociación, si se da el acuerdo, resultará un salario: ¿Será justo? ¿Será suficiente? No me atrevo a aseverarlo categóricamente, pues también soy humano, y trato de no caer en la arrogancia. Pero creo que sí puedo decir que pareciera que sería más justo y más cercano al suficiente que si lo fija o impone el gobierno. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que quienes lo pactaron son los dolientes directos y los que manejan de mejor forma el conocimiento necesario para llegar al acuerdo.


Si se generaliza esta situación, considero que con mayor probabilidad se reduciría el desempleo, alcanzando quizás el tan anhelado pleno empleo.


Ahora pensemos un poco en esa negociación patrono-empleado. Qué importante es que a la mesa de negociación ambos se sienten sin estar coaccionados; es decir, que negocien de forma libre y voluntaria. Si ese acuerdo se alcanza de manera libre y voluntaria, sin que una parte obligue (coaccione) a la otra, podríamos decir que ambas partes salen ganando, pues si así no lo sintieran, si no estuvieran satisfechas, pues simplemente no llegarían a un acuerdo. Lo recuerdo: sólo si es libre y voluntaria la negociación.

Esta condición ya hecha por tierra aquella antiquísima idea de que en todo acuerdo necesariamente hay un ganador y un perdedor.


También es cierto que es casi imposible que en esa negociación ambas partes tengan exactamente el mismo poder para negociar. Alguna tendrá más poder que la otra: en ocasiones el patrono, en ocasiones el empleado. Con frecuencia se ve al empleado como el débil en esta negociación; como la parte desvalida. Y esa razón suele justificar que personas de buen corazón y buena voluntad, se pongan de parte del empleado, apoyando cualquier medida o política de gobierno que "equilibre" esa condición de desventaja que tiene el empleado negociando con su patrono. Ni siquiera pensemos en quién protege a la empresa si la situación fuera la contraria; una en la que el empleado tenga mayor poder para negociar. Reflexionemos sobre la situación en la que el empleado es el débil en la negociación.

Podríamos decir que siempre el patrono tendrá más poder para negociar que el empleado, y asumamos que aprovechándose de esta ventaja el patrono impone lo que le es conveniente: un salario bajo, tan bajo que es insuficiente desde la óptica del empleado.

Entonces, ¿Cómo protegemos al empleado para que no le ocurra esto?
Lo primero que llega a la mente es que si tanto el empleado como el patrono quisieran ser éticos y moralmente correctos, y se reconocieran el uno al otro como personas, con Dignidad, hijos de Dios, no tratarían de perjudicar a la contraparte, alcanzando acuerdos satisfactorios para ambos. Esta situación es la ideal, es la mejor. Pero dada la crisis de valores que vivimos actualmente, tal vez esperar que esto ocurra así en todas las negociaciones nos defraudaríamos al ver los resultados. Esta es una solución de largo plazo, una lucha que nunca hay que dejar de dar: que en nuestra sociedad reinen los valores, la moral, la ética.


Pero, ¿Cómo podemos hacer en las circunstancias actuales de crisis de valores, para que los acuerdos lleguen a ser lo mejor posibles para ambas partes y en especial para el empleado?
Hay quienes propondrían que, dado que siempre el patrono tendría ventaja y el empleado está desvalido, y si dejamos que esta negociación se dé libremente, el empleado saldría derrotado recibiendo unos beneficios inconvenientes, se justifica, ante esta "falla de mercado", que el gobierno intervenga regulando la relación laboral con sus políticas para este sector. Pero resulta que persiguiendo ese anhelo de protección al empleado, con la mejor de las intenciones, termina ocurriendo lo que ya comentábamos más arriba y por las razones que exponíamos: peores condiciones para el trabajador, desempleo, salarios injustos. Es decir, terminamos sustituyendo una "falla de mercado" por una "falla de gobierno".


Entonces, ¿Qué nos queda? ¿Está el empleado condenado a vivir derrotado?
¿Cómo podemos hacer para que el empleado tenga mayor poder de negociación con su potencial patrono, que de alguna manera incentive, asegure, mejores resultados? Es decir, ¿Cómo podría llegar a obtener beneficios más justos?
La respuesta pareciera estar en que lo primero que nosotros debemos garantizarnos, propiciar, propugnar, como sociedad, es que esa negociación patrono-empleado sea libre y voluntaria, sin coacción, por aquello de que los acuerdos que se alcancen serán aquellos en los que ambas partes sienten que ganan, están satisfechos. Y luego, habría que apoyar esto con algo que le dé más poder al empleado en la negociación.


Conclusión

Si ya sabemos que la vía no es mayor regulación, imposición, por parte del gobierno, nos queda reflexionar sobre esta: que haya cada vez más y más empresas demandando los servicios de este trabajador; así, con un empleado que tenga más opciones de donde escoger, tendrá la oportunidad de seleccionar aquella que mejores beneficios y condiciones laborales ofrezca, según su criterio. De esta forma, generalizándola, y con el paso del tiempo, tendremos más y más trabajadores satisfechos, recibiendo salarios "suficientes" y "justos". Y los empleadores sabrán que si desmejoran o maltratan al empleado, este simplemente se les va a otra de las tantas opciones que tendrá. Así que debe ser una relación armoniosa, de ganar-ganar.

Por lo tanto, como sociedad debemos velar porque nuestros gobiernos, y exigirles, apliquen políticas que incentiven la creación de empresas, y por lo tanto empleos, y la competencia entre estas. Así, los trabajadores resultarán beneficiados, y los que salen a buscar empleo, conseguirán más rápido.

Entonces, visto lo anterior, podemos preguntarnos: ¿Es justa y social la Justicia Social? Entendiendo esta como la serie de condiciones que impone el gobierno a la sociedad, y que pretenden dar "protección" al trabajador, creo que lamentablemente la respuesta es que no es justa. Es una imposición en la que a unos les hacen creer que ganan, cuando realmente son perdedores: los trabajadores, sus familias y la sociedad en general en el largo plazo.

Por lo tanto, ¿Cuál parece ser el arreglo que propicie una mayor "justicia social"? ¿Cuál es la mejor protección que podemos tener los trabajadores? ¿Cómo podríamos abonar para dar cumplimiento a esa sana petición que nos hace nuestro queridísimo San Juan Pablo Magno? Creo que la respuesta está en no más fallas de gobiernos, sino en propiciar un entorno en el que haya cada vez más y más acuerdos libres y voluntarios, y más y mejores opciones para que los trabajadores tengamos de donde elegir.

Entrevista en el programa A Tiempo de Unión Radio 90.3 FM (lunes, 18-julio-2016)

Para acceder al audio de la entrevista, haz click aquí

¡Pues que nos aumenten el salario!

Artículo publicado en El Clarín de La Victoria:
http://elclarinweb.com/opinion/rafael-avila-pues-que-nos-aumenten-el-salario

Rafael J. Avila D.

Es muy común escuchar que el salario no nos alcanza para vivir… y es cierto: no nos alcanza para cubrir nuestras básicas necesidades y menos para ahorrar persiguiendo alguna meta familiar o de negocio.

Entonces, ¿Cómo lo resolvemos? ¿Qué garantiza que la remuneración que percibimos por nuestro diario esfuerzo, nos alcance para cubrir nuestras metas personales y familiares?

Podría pensarse que una forma, muy sencilla además, de resolver el problema que nuestro salario sea insuficiente es que el gobierno decrete un aumento salarial en el mismo porcentaje en que el costo de la vida suba. Es decir, por ejemplo: si la inflación de un período determinado fuese 100%, entonces el gobierno con simplemente decretar un aumento salarial del 100%, para el mismo período, haría que mantuviéramos nuestra capacidad de compra. Ilustrémoslo con unos sencillos cálculos:

Supongamos que sólo compramos un único producto, cuyo precio sea 10 bolívares cada unidad, y que nuestro salario inicialmente equivale a Bs. 1.000 mensualmente. Con estos datos nuestra capacidad de compra mensual se traduce en 100 unidades de este producto. Dicho de otra manera, mi salario sólo me permite adquirir 100 unidades al mes de dicho producto.

Ahora imaginemos que el precio del producto pasa de Bs. 10 a Bs. 20 en un período determinado, es decir, se da una inflación de precios del 100%; se duplicó el precio. Esto hace que nuestra capacidad de compra se reduzca a la mitad: ahora sólo puedo adquirir 50 unidades del producto al mes. Por lo tanto, para mantener mi capacidad de compra sólo haría falta que el gobierno decretara un aumento del 100% de nuestro salario, pasando este de Bs. 1.000 a Bs. 2.000 mensual, duplicándolo, haciendo que nuestra capacidad de compra retorne a su posición inicial de permitirme adquirir 100 unidades del producto.

A simple vista se ha resuelto el problema, sencillamente. Pero es eso: a simple vista y a cortísimo plazo.

Hagamos algunas consideraciones a ver si realmente se ha resuelto el problema, ya que es muy común escuchar esta propuesta entre nuestros amigos, familiares y conocidos.

Lo primero es que realmente el índice de inflación, o de variación de precios, que emite la autoridad monetaria de cualquier país (por ejemplo un banco central) es una inflación que es de todos y de nadie a la vez; es decir, se trata de la variación de un precio promedio ponderado de una cesta de productos a los que se le sigue el comportamiento, pero, como es de imaginarse, esa cesta de productos lo más probable es que no coincida con la cesta de productos de cada uno de nosotros, con nuestra individual o familiar cesta de consumo. Esto pasa con los promedios, que son de todos y de nadie a la vez.

Por lo tanto, si el gobierno aumenta el salario según ese índice de inflación, algunos estarán satisfechos y otros no; a algunos su capacidad de compra más que se les repondrá, y a otros no les alcanzará el nuevo salario.

Pero obviemos esta realidad, sobre todo porque argumentaríamos que eso, el promedio, es mejor que nada.

Pero lo fundamental es que esa muy sencilla propuesta no soluciona el problema realmente; sólo en un cortísimo plazo, si acaso. Y la razón es porque el salario ahora más alto, a su vez representa mayores costos para las empresas, es decir, se ha encarecido el trabajo, por lo que las empresas tenderán lógicamente a trasladar esos mayores costos a los precios de los productos que venden, causando un alza en los precios, es decir, se materializa la inflación, se encarece la vida.

Otro efecto pernicioso de esto es que al encarecerse el trabajo y las empresas no poder aumentar sus precios para mantener rentabilidad, estas pierden estímulo a contratar más personas y al contrario, tal vez tendrían que cargar con más trabajo a los empleados, en busca de eficiencia, o peor, reducir personal materializándose el desempleo.

El aumento del salario por decreto, muy probablemente termina causando desempleo y desestimulando la contratación; o en el mejor de los casos, no hay despidos pero se alienta la exigencia a los ya empleados.

Pero uno pudiera decir que para evitar los despidos el gobierno reacciona decretando la inamovilidad laboral, o sencillamente que no se pueda despedir a nadie. Esta decisión encarece aún más al trabajo, desestimulando la contratación.

Como se ve, en el proceso a corto plazo hay ganadores y perdedores: ganan los que ya están empleados, porque son beneficiados y protegidos, pero pierden los que están buscando trabajo, los ya desempleados. Ganan los ya empleados porque el gobierno obliga legalmente a que las empresas les paguen más, pero pierden los que salen cada día a buscar trabajo, pierden las empresas, y los que pretenden emprender y generar empleo, son desincentivados. A largo plazo, perdemos todos.

Suelen verse los beneficios de los que resultan favorecidos, pero son más difíciles de ver las consecuencias a mediano y largo plazo.

Entonces, ¿no hay salida? ¿Viviremos eternamente en ese círculo vicioso inflación-caída del poder adquisitivo-demanda de mejores condiciones salariales-aumento de salario-inflación? La respuesta rápida es que no se puede vivir eternamente así: más rápido que tarde, en este juego repetido, se llega a una situación de cierre de empresas, elevado desempleo y muy alta inflación (esto se llama estanflación).

La realidad es que hay una noticia buena y una mala. La buena, es que sí hay salida; sí hay solución. La mala, es que no es mágica la solución, ni es de un día para otro; no es instantánea.

Lo primero es que se requiere entender que los gobiernos no deben aplicar políticas inflacionarias, porque no nos ayudan generándonos inflación por un lado y medio compensándonos por otro lado con insuficientes decretos de aumento salarial, que a la larga no resuelven el problema y son perniciosos como ya vimos. Una gran ayuda ya sería que no generaran inflación, que no nos tumbaran nuestro poder adquisitivo drásticamente afectando nuestra calidad de vida.

Pero esto requiere unas finanzas públicas sanas y equilibradas, no deficitarias. Requiere que el gobierno controle sus gastos, que no quiera gastar más de lo que le ingresa vía impuestos. Y que si quiere gastar más, no cubra el déficit fiscal con impresión de dinero o inflación (monetización del déficit). Si lo cubre con deudas, luego hay que pagarlas, por lo tanto tarde o temprano se ve en la encrucijada de controlar su gasto, aumentar impuestos o inflar la moneda. El camino sano sería controlar su gasto (y para ello es fundamental que se dedique a lo que debe ser, que economicistamente sería la provisión de bienes públicos, lo que reduciría su tamaño y su gasto) y aumentar sus ingresos por impuestos, pero no subiendo las tasas impositivas, pues eso lesiona la actividad económica y desestimula la creación de empresas y puestos de empleos, sino generando un entorno económico favorable al emprendimiento; es decir, no es aumentando la tasa impositiva sino la base: que los ciudadanos y empresas se hagan prósperos y con ello, a una misma tasa de impuesto, el gobierno reciba mayores ingresos.

Y allí tenemos otro dilema entre el corto y largo plazo: lo sencillo es financiar el gasto público con emisión monetaria, y lo pagamos todos con el impuesto inflación; lo sano es propiciar el crecimiento económico y por ende el bienestar del ciudadano de a pie; pero implica tiempo y muchos consensos.

Una vez recibida la gran ayuda que representa que los gobiernos no inflen la moneda, la tarea se completa propiciando que mucha gente quiera emprender, montar empresas. Es decir, que haya muchas empresas buscando trabajadores.

Un rasgo de las crisis es que hay pocos puestos de trabajo para muchas personas queriendo trabajar; situación que pone en desventaja al trabajador frente a la empresa, por lo que para que todos estemos empleados deberíamos estar dispuestos a aceptar un menor salario, y a soportar escasos beneficios laborales y hasta tratos no acordes con nuestra dignidad humana. Si ese salario al que todos estaríamos empleados es menor que el salario mínimo que legalmente se debe pagar, se genera una situación en la que muchos trabajadores ofrecen su trabajo y pocas empresas están dispuestas a contratar; es decir, más personas buscando trabajo que empleos disponibles. Esto se llama desempleo.

La verdadera solución y verdadera protección del trabajador en el tiempo, no es vivir en crisis y obligar a las empresas a darles beneficios que nunca serán suficientes para paliar los embates de la inflación; la verdadera protección es que haya un entorno económico que propicie el crecimiento, la creación de muchos más puestos de trabajo, muchas empresas demandando personas para que trabajen en ellas, y en esa situación más ventajosa, los trabajadores exigiremos mejores beneficios y contrataremos con aquella empresa que mejor oferta nos haga.

Por lo menos estos rasgos debe tener un entorno económico que propicie el crecimiento: Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y personal, y muy baja inflación. Esto es fundamental para que se incentive la instauración de empresas y creación de muchos puestos de trabajo, que es lo que al final todos los trabajadores necesitamos: no me generes inflación, que yo negocio mis beneficios.

@rjavilad

rjavilad@gmail.com

www.rafael-avila.net

Entrevista en el Diario El Universal (domigo, 15-mayo-2016)

Para acceder a la entrevista, haga click aquí.

Ayudan a familias a sobrellevar enfermedades discapacitantes

El Instituto Tobías forma a cuidadores de pacientes con alzheimer y autismo

DELIA MENESES

Cuando en el núcleo familiar hay una persona con alguna enfermedad crónica discapacitante que la hace dependiente, la mayoría de las veces sus parientes carecen de las herramientas necesarias para llevar adelante el cuidado sin que se convierta en una carga dramática.

Conscientes de esta realidad, Gisela López y Enza Mastropietro crearon la asociación civil sin fines de lucro Instituto Tobías que, aunque viene trabajando desde hace tres años, acaba de cumplir un año de haberse constituido jurídicamente.

En las reuniones que realizan con familias que tienen pacientes con alzheimer o niños con autismo se pone en evidencia la necesidad de información y el alivio y la gratitud que sienten cuando reciben una primera orientación.

"Es necesario organizarse, hacer cambios en la comunicación y en la rutina diaria y esa información generalmente no la ofrece el médico tratante", dice Mastropietro, psicóloga clínica y directora del Instituto Tobías.

En el caso de personas con alzheimer, ya sea que estén recluidas en una entidad de atención o que los cuiden en casa, lo que acelera la evolución de la enfermedad es la pasividad y la ausencia de estimulación.Es por esto que el instituto ha venido realizando ciclos de talleres para explicar la importancia de la estimulación cognitiva pues el paciente con alzheimer necesita tener momentos nutritivos y acompañamiento inteligente, explica López, profesora universitaria y doctora en Filosofía, quien decidió fundar esta asociación luego de su experiencia al tratar a su madre diagnosticada con alzheimer.

Entre sus diferentes servicios, el Instituto Tobías ha llegado a más de 250 personas y este año espera duplicar el número de atendidos pues han ampliado la oferta.

La asociación viene formando a monitores geriátricos de familia, una figura que no existía en el país y que se encarga de guiar el proceso de una familia que tenga algún integrante con alzheimer. En la medida de las posibilidades, pues se está conformando el equipo, van a las casas, ofrecen asesoría y sesiones, de 30 minutos a 1 hora, con el paciente para mantener algunas de sus funciones cognitivas.

Además se dictan cursos, dirigidos a psicólogos, para profundizar en el tema de las evaluaciones neuropsicológicas a fin de realizar diagnósticos más precisos.

López resalta la importancia de que la familia trabaje como un equipo, "aunque siempre hay alguien que le toca más directamente la responsabilidad de cuidar a la persona, todos tienen que darle soporte al ser querido que está enfermo, dar lo mejor de nosotros mismos y poner ese aporte no desde el reproche sino desde la generosidad. Reajustar la dinámica en favor de esa persona, pues cuando hay situaciones de este tipo el conflicto familiar está en todas las esquinas".

Mastropietro informó que se abrió un nuevo ciclo de talleres que se llevará a cabo en la sede del instituto en La Floresta. El próximo sábado 21 de mayo será el acercamiento al deterioro neurocognitivo, demencia, alzheimer. El 28 de mayo, el 4 y 11 de junio se orientará a las personas en la tarea de cuidar al familiar dependiente desde un enfoque que respete su dignidad de ser humano.

Los sábados 2 y 9 de julio se abordará el tema de la estimulación cognitiva. Las inscripciones están abiertas para participar en estos talleres que se dictarán los sábados en horario matutino, a familiares y cuidadores de personas con alzheimer. Los interesados pueden escribir a institutotobias@gmail.com o llamar al 0212 832 6127. Twitter: @tobiasinstituto.

Rafael Ávila, director financiero del Instituto Tobías, explicó que la asociación trabaja para que el modelo sea sustentable en el tiempo, a través de la autogestión, de donaciones y la realización de alianzas con otras instituciones.

Entrevista en el Programa Soluciones en Globovisión (lunes, 04-enero-2016; grabado el 11-noviembre-2015)

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Entrevista en el Programa Soluciones en Globovisión (martes, 8-diciembre-2015)

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1era. parte
2da. parte

3ra. parte

4ta. parte

5ta. parte

Entrevista en el Programa de César Miguel Rondón en Éxitos 99.9 FM (viernes, 30-octubre-2015)

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Entrevista en el Programa Soluciones en Globovisión (miércoles, 14-octubre-2015)

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1era. parte

2da. parte

Entrevista en el Diario El Clarín de La Victoria (lunes, 12-octubre-2015)

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Control de cambio: Cumpleaños...¿Feliz?

Cada 6 de febrero se celebra una primavera más del vigente control de cambio... y así ocurre desde hace doce años ya...

Aprovechando la celebración, considero importante reflexionar sobre el tema. Revisar sus causas y sus consecuencias. Para ello, partamos desde el inicio.

El fenómeno inflacionario tiene nefastas consecuencias para el ciudadano de a pie. Entre ellas pueden destacarse, inicialmente, la pérdida del poder adquisitivo del dinero, y secundariamente, y por ello no menos importantes, las causadas por las formas en que el gobierno trata de corregir la inflación.

Para resolver el problema inflacionario, luego de por supuesto buscar culpables en otra parte y no en las políticas monetarias expansivas (recortes artificiales de tasas de interés y emisión acelerada de moneda, aumento de la base monetaria) aunadas a las políticas que espantan a las inversiones -la primera responsabilidad del Banco Central, la segunda del Gobierno Central-, los gobiernos así acuden a controles de precios, con el argumento que si la inflación es el alza de los precios, entonces la solución es sencilla: controla el precio.

Entre los precios en la economía que el gobierno comienza a controlar suele estar el tipo de cambio.

Una mayor velocidad de emisión de una moneda en relación a la velocidad de emisión de otra, va cambiando el valor relativo entre ellas (sus precios relativos: el tipo de cambio).
Las expectativas de alta inflación también presionan al alza al tipo de cambio, es decir a la cantidad de dinero doméstico que debe pagarse para obtener una unidad de alguna moneda foránea; dicho de otra forma, presiona al alza al precio relativo de la moneda doméstica y la moneda foránea. Si la gente siente que una moneda perderá capacidad de compra, poder adquisitivo, más rápido que otra, pues simplemente la gente la abandona y corre a refugiar sus ahorros, el fruto de su esfuerzo y trabajo, en la moneda que preserve su poder de compra, la más "dura". Esto va alterando los tipos de cambio, elevando el precio de la moneda "fuerte" en términos de la "débil"; la fuerte se encarece, por oferta y demanda. Dicho de forma sencilla: necesitándose más unidades de la moneda débil para adquirir la fuerte.

La devaluación de una moneda frente a otras es un reflejo de la relación entre tasas de inflación de los países a los que pertenecen las monedas en comparación, es decir, es un reflejo de las políticas inflacionarias de los gobiernos de dichos países, combinadas con su entorno económico propicio o no a la inversión y empresarialidad. Pero como esta, que es la verdadera causa, es menos visible, el gobierno se erige nuevamente como paladín de la justicia y sale en defensa del desprotegido ciudadano de a pie. En esta tarea, controla, fija el tipo de cambio, determinando con su pretendida omnisciencia (de nuevo la fatal arrogancia) el precio máximo que debe pagarse oficialmente para adquirir una unidad de la moneda extranjera. Si este precio controlado es inferior al precio que estaría dispuesto a pagar el mercado para adquirir tal moneda, entonces habrá un exceso de demanda sobre la oferta del bien (la moneda), haciendo que su precio ascienda. Sería la reacción del mercado. Pero no puede ascender porque está controlado el precio.
El exceso de demanda sobre la oferta insuficiente que habrá, originará escasez de la divisa. Entonces, si el que preserva las divisas en el país, que suelen ser los bancos centrales en las llamadas reservas internacionales, comienza a ver que debido a la alta demanda empiezan a mermar sus reservas, entonces con alta probabilidad tratará de corregir el problema, no viendo sus causas sino con otro error: el control cambiario. Y crea instituciones para que apliquen las nuevas normas y velen porque el comportamiento de los ciudadanos sea “acorde”. La justificación que normalmente tienen los controles cambiarios es evitar, detener, la fuga de divisas del país, por una razón de soberanía, estabilidad y nacionalismo. Pero lo curioso es que nunca se detiene realmente la fuga de divisas. Siempre el mercado consigue salidas, como el agua entre los dedos.

Por supuesto, se comienza a buscar y a señalar culpables: aquellos ansiosos de riqueza, insaciables, que especulan con la moneda. Pero es que aunque así aparecieran, la culpa la tiene la política inflacionaria del gobierno y su constante ahuyentar a la inversión; es la raíz del problema. Mientras no se corrija el problema de fondo, que es la inflación, y que sólo la origina el gobierno, seguirá habiendo presión para que se encarezca la divisa y no cesará la fuga de capitales.

La razón por la que el tipo de cambio podría descender y por la que se detendría la fuga de divisas, es que las personas demandaran más la moneda doméstica que la foránea, y esto no ocurriría por un simple motivo nacionalista, ocurriría porque sienten que con el tiempo la moneda doméstica no perderá valor más rápido que la foránea, es decir, que sienten que la moneda doméstica es más fuerte que la extranjera; y entonces así, la prefieren, la demandan. De nuevo: lo visible vs. lo invisible, y corregir errores con otros errores.

Vale la pena recordar que esta no es la primera experiencia de régimen de control cambiario que hemos conocido. Ya son varias y ninguna ha resuelto el problema de fondo. Podría cualquiera preguntarse: ¿Si ningún régimen cambiario ha funcionado (resolviendo los problemas que supone va a resolver), por qué este sí lo haría? El problema de fondo se resuelve con respeto a la Dignidad y a la Libertad de la persona, Estado de Derecho, igualdad de oportunidades, respeto a la propiedad privada, seguridad jurídica y personal, libre empresa y responsable empresa, libertad y estabilidad monetaria y de reglas que promuevan el emprendimiento y la inversión, que es lo que a la larga genera oportunidades de empleos de calidad y sustentables. Este entorno hará que la gente aprecie al bolívar, quiera preservar el esfuerzo de su trabajo en él, y terminará resultando, reflejándose, en una moneda fuerte y estable, y dejaremos de preocuparnos porque se están fugando los capitales, las divisas.
Ningún régimen de control cambiario ha resuelto, ni resolverá, el problema de fondo; sólo agravarán la situación de pobreza y escasez, reducirán el bienestar del ciudadano de a pie.

Dios no permita que el control de cambio llegue a sus 15 velitas y tengamos que bailarle el vals...